Procedimiento

Artículo 92. Estatutos particulares del COAGC

1. El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, a instancia del Decano. Las denuncias de Arquitectos colegiados o, en general, de personas públicas o privadas no inician el procedimiento por si mimas, siendo necesario un acuerdo expreso de la Junta de Gobierno, que será adoptado tras el estudio de aquella. No se admitirán a trámite denuncias anónimas.

2. Iniciado el procedimiento, la Junta de Gobierno decidirá instruir o no información reservada, con el carácter de diligencias previas, con el fin de investigar los hechos y reunir los datos y pruebas necesarias para la tramitación del preceptivo expediente, en el que se dejará constancia de las mismas.

3. Una vez practicada la información reservada, en el supuesto de haberse acordado y, en cualquier caso, dentro de los dos meses siguientes a la iniciación del procedimiento disciplinario, la Junta de Gobierno dispondrá el archivo del expediente o la continuación de su tramitación.

4. Caso de continuar las actuaciones, la Junta de Gobierno lo comunicará al interesado con expresión del miembro de Junta designado como instructor, quien procederá de seguido a practicar las diligencias encaminadas a la comprobación de los hechos y redactará el pliego de cargos o, si procede, propondrá a la Junta de Gobierno el sobreseimiento y archivo del expediente.

5. En cualquier caso, las resoluciones que acuerden el sobreseimiento y archivo de las actuaciones deberán expresar las causas que lo hubiesen motivado y disponer, si procede, lo que se estime pertinente en relación con el denunciante.

6. El pliego de cargos, que deberá precisar los hechos imputados, los deberes que se presuman infringidos y las sanciones que se pudieran imponer, se notificará al expedientado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente, quien dispondrá del plazo de diez días para presentar pliego de descargos, que incluirá la propuesta de las pruebas que le interesen. El expedientado tendrá derecho, salvo renuncia, a audiencia oral ante el órgano instructor, para que por sí o por medio de otro compañero o asistido de Letrado pueda alegar y probar cuanto convenga a su interés.

7. El instructor practicará las pruebas que haya admitido o acordado de oficio y en un plazo de dos meses la Junta de Gobierno, elevará a la Comisión de Deontología el expediente con la propuesta de resolución, en la que se fijarán de forma motivada los hechos probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquellos constituyan y la persona o personas que resulten responsables, especificándose la sanción que propone que se imponga; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad. De las audiencias y de las pruebas practicadas se dejará la debida constancia en el expediente.